En un espacio de diálogo y articulación institucional, la Presidencia Ejecutiva de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados – ANALFE, en cabeza de Miller García Perdomo, junto con su equipo directivo, se reunió con la superintendente de la Economía Solidaria, Karen Hernández Blanquicett, y su equipo de trabajo, para presentar y analizar una agenda de asuntos prioritarios para los Fondos de Empleados del país.
Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales relacionados con la actualización del marco normativo, la proporcionalidad de las disposiciones regulatorias, la supervisión especializada y la generación de condiciones que reconozcan la naturaleza y particularidades de estas organizaciones.
Entre los principales asuntos presentados por ANALFE se destacaron la necesidad de avanzar en la reglamentación de la Ley 2496 de 2025, especialmente en lo relacionado con la disminución del capital mínimo irreducible para los Fondos de Empleados de categorías básica e intermedia; la implementación de las disposiciones del Decreto 976 de 2026 frente a la gestión del riesgo de liquidez; y la revisión de los criterios aplicables a los Fondos de Empleados de categoría plena frente a su eventual clasificación como Entidades de Interés Público.
Asimismo, se expuso la importancia de actualizar las Circulares Básicas Jurídica y Contable y Financiera, brindar orientaciones para la transición de la DTF al IBR, evaluar la viabilidad del uso extraordinario y solidario de los recursos del FODES y avanzar en la creación de una Delegatura especializada para los Fondos de Empleados, que permita profundizar el conocimiento sectorial y fortalecer la supervisión preventiva.
Compromisos para avanzar en soluciones concretas
Como resultado de la reunión, se establecieron importantes compromisos entre las partes, encaminados a mantener un diálogo permanente y avanzar en respuestas oportunas a las necesidades del sector:
- Mesas técnicas permanentes: mantener estos espacios de trabajo con periodicidad mensual o bimensual, de acuerdo con la disponibilidad de las agendas institucionales.
- Entidades de Interés Público: emitir un concepto y una comunicación dirigida al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), que precise el alcance y la finalidad de la declaratoria de interés público para los Fondos de Empleados de categoría plena.
- Capital mínimo irreducible: avanzar con prontitud en la regulación de los requisitos para su reducción en los Fondos de Empleados de categorías básica y media, conforme a lo establecido en la Ley 2496 de 2025.
- Gestión del riesgo de liquidez: reglamentar el funcionamiento del comité de riesgos en lo correspondiente a este riesgo, considerando los cambios introducidos por el Decreto 976 de 2026 y la eliminación del Comité Interno de Riesgo de Liquidez.
- Supervisión especializada: evaluar la posibilidad de crear una Delegatura especializada para los Fondos de Empleados, que fortalezca las capacidades técnicas y el conocimiento de las particularidades del sector.
De igual manera, ANALFE reiteró la solicitud de dos pronunciamientos fundamentales para brindar mayor claridad jurídica a las organizaciones: el primero, sobre los criterios para determinar el patrimonio que debe reflejarse en los certificados de existencia y representación legal expedidos por las Cámaras de Comercio; y el segundo, sobre la definición y aplicación de las mayorías simple y absoluta en la toma de decisiones de los órganos colegiados del sector solidario.
Una agenda de construcción conjunta para el futuro del sector
Este encuentro representa un paso importante para consolidar una agenda de trabajo entre ANALFE y la Superintendencia de la Economía Solidaria, basada en el diálogo, la cooperación institucional y el reconocimiento de las particularidades del modelo de los Fondos de Empleados.
Desde ANALFE se continuará promoviendo escenarios de interlocución con las autoridades y entidades del sector, impulsando propuestas que contribuyan a una regulación proporcional, una supervisión con mayor conocimiento especializado y mejores condiciones para el desarrollo sostenible de estas organizaciones.
Porque fortalecer los Fondos de Empleados es contribuir al bienestar de más de 1,3 millones de asociados y cerca de 4,2 millones de personas beneficiadas en Colombia.
