Por iniciativa de Analfe, varios revisores crean Serfiscal, como empresa para la prestación de servicios de Revisoría Fiscal, especialmente para el sector de la economía solidaria.
El mercado de trabajo en Colombia ha presentado fallas estructurales que lo llevan a tener tasas de desempleo persistentemente altas, con especial dificultad de empleabilidad en jóvenes y mujeres. En este contexto, el sector fondista puede ver su base social disminuida con el tiempo, al no contar con un cambio generacional en la población beneficiaria de los Fondos. Por esta razón, es de vital importancia para el sector monitorear constantemente la dinámica laboral del país, principalmente la de los ocupados con contrato fijo o a término indefinido.
El caso de las mujeres es preocupante en todas las edades porque tienen menos probabilidad de emplearse que los hombres; aunque tienen mayor nivel educativo, dedican más tiempo a laborales del hogar no remuneradas y permanecen más tiempo en la inactividad. A ello se le suman los menores ingresos, y una menguada estabilidad laboral como dependientes, lo cual incide en que, en general, disminuya su probabilidad de asociarse a Fondos de Empleados. Para cambiar la situación, se pueden generar incentivos particulares para que las mujeres que cumplan las condiciones establecidas puedan participar o crear Fondos de Empleados. Por esta razón la política pública de incentivos a los Fondos debe tener un aliciente especifico, dirigido a la brecha de género.
Otro punto importante para la base social es el de los jóvenes. Son una generación más educada que las anteriores, con inversiones en escolaridad importantes de los activos de las familias (muchos con créditos del sector fondista), que no tienen altas probabilidad de ocuparse en el corto plazo; en cambio, permanecen más tiempo en la búsqueda de empleo por falta de experiencia laboral y a la espera de mejores empleos con protección social y salarios altos. Esta dinámica ha llevado a esta población a tener menor probabilidad de emplearse que los adultos durante años, pero con la particularidad de que los jóvenes son quienes pueden cumplir con la condición de formalidad que exigen los Fondos para pertenecer a estos.
Es decir que los jóvenes, producto de su alta escolaridad, son quienes más podrían acceder a empleos con contactos a términos fijo o indefinido, en empresas de más de 10 trabajadores, pero no son quienes más participan. Al contrario, su dinámica de ingresos y de ahorro es más baja que los adultos y no están dando el salto que normalmente irrumpe en los cambios generacionales en la economía. Ante esta situación, se debe hacer una política pública de incentivos también específica para los jóvenes, con el fin de no correr riesgos con la base social en los próximos años, y con el propósito de dinamizar la empleabilidad de los jóvenes con alta educación, pero baja experiencia, lo cual también es de bastante interés para aumentar la productividad de las empresas.
Por otro lado, estos problemas de empleabilidad responden a la segmentación laboral tan alta en el país, la cual no solo afecta la productividad de los trabajadores sino el bienestar y la protección social. Este panorama hace que los Fondos de Empleados vean limitada su capacidad de beneficiar a muchos más trabajadores de la dinámica del mercado de trabajo formal, que es casi la mitad de todos los ocupados del país. De este grupo, no todos cumplen con las condiciones de dependencia laboral y, por tanto, hacen más restringido el acceso a los Fondos. Solucionar la informalidad laboral pasa por mirar el comportamiento de la oferta de trabajo; es decir, las condiciones de los trabajadores, pero también de las empresas, las cuales son más dinámicas en sectores que demandan menos mano de obra formal y crean una brecha de demanda de trabajo y calidad en las vacantes en la economía.
En 2021 se aprobó el Documento CONPES 4051, que contiene los lineamientos de la política pública destinados a fortalecer las organizaciones de la economía solidaria. Analfe trabaja en el desarrollo y avance de esta política de Estado.
El artículo, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, implica la articulación de acciones desde diferentes agencias de gobierno. Analfe está empeñada en lograrlo.
Analfe participa en las sesiones de la Comisión y propone acciones al legislativo para defender el modelo fondista.
Por el cual se autoriza a los fondos de empleados y a las cooperativas de ahorro y crédito, para ser canales de pago de las mesadas pensionales a través de las cuentas de ahorro de sus asociados.
Pretende que, en lo que corresponde a los Fondos de Empleados, el ahorro permanente y los aportes sean reconocidos como garantía prendaria. Busca que en un proceso liquidatorio de la persona insolvente las organizaciones fondistas estén ubicadas en la segunda clase, para facilitar el recaudo de lo adeudado.
Modificación al Decreto 1481 de 1989, modificado por la Ley 1391 de 2010, para incluir de manera puntual el reingreso de los pensionados ex asociados y los asociados ex trabajadores, además de actualizar la definición de fondos de empleados y elevar a garantía prendaria el respaldo de las obligaciones con cargo al ahorro y a los aportes, entre otros aspectos.
Busca una exención del Impuesto de Industria y Comercio por cinco años para los fondos de empleados en la capital del país.
Analfe busca que se reconozca la naturaleza del sector y que el Modelo refleje la realidad de los fondos de empleados respecto al manejo de su cartera, lo que conllevaría a una disminución en la provisión de cartera.
Analfe realiza gestiones con la Superintendencia de la Economía Solidaria para que autorice la incorporación de este Modelo creado por el gremio, para medir el impacto social de los fondos de empleados, como herramienta liviana que no implique una carga operativa para los fondos de empleados.
Analfe hace seguimiento a las propuestas de la URF, relacionadas con:
Son líneas rojas que pueden impactar negativamente al modelo fondista.
Analfe participa en las deliberaciones del Comité integrado por todos los gremios del sector.
Los fondos de empleados lograron, por primera vez en su historia, contar con un artículo específico para el modelo fondista, dirigido a apalancar créditos blandos, a través de Bancóldex, para el financiamiento de proyectos productivos.
Artículo 304 – Reconociendo que los Fondos de Empleados, contribuyen a disminuir las desigualdades sociales y salariales mediante el ahorro y hacen la labor de promover el bienestar de los trabajadores y pensionados asociados con sus propios recursos, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia – BANCOLDEX adoptarán medidas de promoción del crédito a los Fondos de Empleados, para que estos a su vez puedan irrigar crédito para el fortalecimiento y acceso de proyectos productivos de los asociados. El Gobierno nacional reglamentará lo enunciado en este artículo.
El Concejo de la capital antioqueña prorrogó por cinco años, la exención del pago de Industria y Comercio (ICA) para los fondos de empleados con sede en la ciudad.
Después de cuatro años de intenso trabajo, Analfe lideró, junto con Serfiscal, la definición y expedición del DOT-21, que constituye una guía para la formulación de información financiera y contable relacionada con las organizaciones de la economía solidaria especialmente sobre aportes sociales, aplicación de excedentes y fondos sociales solidarios.
El convenio marco beneficia a los asociados a Analfe con la participación gratuita en la malla académica que ofrece la entidad y con el acceso a los programas que brinda Uniempresarial, en su calidad de centro universitario en la modalidad dual.
La propuesta de Modelo pretende aprovechar la información que actualmente se suministra a la Superintendencia a través del SICSES, de tal manera que facilite a los fondos de empleados el envío de datos al ente de supervisión. Esta metodología está a consideración de la Supersolidaria.
