El mercado de trabajo en Colombia ha presentado fallas estructurales que lo llevan a tener tasas de desempleo persistentemente altas, con especial dificultad de empleabilidad en jóvenes y mujeres. En este contexto, el sector fondista puede ver su base social disminuida con el tiempo, al no contar con un cambio generacional en la población beneficiaria de los Fondos. Por esta razón, es de vital importancia para el sector monitorear constantemente la dinámica laboral del país, principalmente la de los ocupados con contrato fijo o a término indefinido.

El caso de las mujeres es preocupante en todas las edades porque tienen menos probabilidad de emplearse que los hombres; aunque tienen mayor nivel educativo, dedican más tiempo a laborales del hogar no remuneradas y permanecen más tiempo en la inactividad. A ello se le suman los menores ingresos, y una menguada estabilidad laboral como dependientes, lo cual incide en que, en general, disminuya su probabilidad de asociarse a Fondos de Empleados. Para cambiar la situación, se pueden generar incentivos particulares para que las mujeres que cumplan las condiciones establecidas puedan participar o crear Fondos de Empleados. Por esta razón la política pública de incentivos a los Fondos debe tener un aliciente especifico, dirigido a la brecha de género.

Otro punto importante para la base social es el de los jóvenes. Son una generación más educada que las anteriores, con inversiones en escolaridad importantes de los activos de las familias (muchos con créditos del sector fondista), que no tienen altas probabilidad de ocuparse en el corto plazo; en cambio, permanecen más tiempo en la búsqueda de empleo por falta de experiencia laboral y a la espera de mejores empleos con protección social y salarios altos. Esta dinámica ha llevado a esta población a tener menor probabilidad de emplearse que los adultos durante años, pero con la particularidad de que los jóvenes son quienes pueden cumplir con la condición de formalidad que exigen los Fondos para pertenecer a estos.

Es decir que los jóvenes, producto de su alta escolaridad, son quienes más podrían acceder a empleos con contactos a términos fijo o indefinido, en empresas de más de 10 trabajadores, pero no son quienes más participan. Al contrario, su dinámica de ingresos y de ahorro es más baja que los adultos y no están dando el salto que normalmente irrumpe en los cambios generacionales en la economía. Ante esta situación, se debe hacer una política pública de incentivos también específica para los jóvenes, con el fin de no correr riesgos con la base social en los próximos años, y con el propósito de dinamizar la empleabilidad de los jóvenes con alta educación, pero baja experiencia, lo cual también es de bastante interés para aumentar la productividad de las empresas.

Por otro lado, estos problemas de empleabilidad responden a la segmentación laboral tan alta en el país, la cual no solo afecta la productividad de los trabajadores sino el bienestar y la protección social. Este panorama hace que los Fondos de Empleados vean limitada su capacidad de beneficiar a muchos más trabajadores de la dinámica del mercado de trabajo formal, que es casi la mitad de todos los ocupados del país. De este grupo, no todos cumplen con las condiciones de dependencia laboral y, por tanto, hacen más restringido el acceso a los Fondos. Solucionar la informalidad laboral pasa por mirar el comportamiento de la oferta de trabajo; es decir, las condiciones de los trabajadores, pero también de las empresas, las cuales son más dinámicas en sectores que demandan menos mano de obra formal y crean una brecha de demanda de trabajo y calidad en las vacantes en la economía.